Algunos liberales han empezado a sostener la conveniencia de usar a Rodríguez Zapatero y su proyecto de reformas más o menos consumadas como lanzadera hacia un Estado federal. Consideran que si España se organizase en una asociación voluntaria de Estados, habría más libertad individual y bienestar, al producirse una competencia natural y sana entre las distintas "nacionalidades" por atraerse el capital humano y la inversión. Su tesis es que, ya que vamos por la vía de los hechos consumados hacia un cambio de organización política, hagamos de la amenaza una "oportunidad" y aceleremos el proceso por medio de su legitimación doctrinal desde el liberalismo. Aunque el proceso se salte a la torera las únicas marcas en verdad relevantes de legitimidad del Estado moderno: la voluntad histórica y la voluntad constituyente del actor soberano, que no es una escuela teórica, sino la Nación, entendida, en el caso de España desde 1812, como de cualquier otra tradición constitucionalista moderna, como conjunto de individuos libres e iguales ante la Ley.

Estas voces federalistas engastadas en el caso Español no dudan en echar mano de los mismos recursos técnicos que los nacionalistas más tribales para demostrar la superioridad del modelo federal en España. Así, hablan de "nacionalidades" como unidad mínima de configuración estatal, o invocan las balanzas fiscales llenas de agravios históricos y parasitismos de unos "territorios" (la territorialización de los derechos es también compartida por nacionalistas y liberales federalistas) contra otros. Es el caso de mi apreciado colega Manuel Llamas, que acaba de publicar un artículo tan persuasivo como errático en Liberalismo, bajo el significativo título de "La extensión del foralismo en España". Y es es cierto que, a menudo, los extremos se tocan. Invocar la tradición foralista, no la del Fuero medieval, audaz intento unificador del Derecho en la España resistente al Islam, sino la del fuero como privilegio económico y fiscal que los Reyes Católicos se vieron forzados a conceder, bien para incentivar la conquista de nuevos territorios (como en el caso de Canarias), bien para allegarse la lealtad de otros reinos, como en el caso de Navarra; proponer esta tradición, digo, como horizonte jurídico de la España federal que los liberales del siglo XXI deben defender, es todo un símbolo del conservadurismo, rayano en el tradicionalismo de raigambre carlista y la nostalgia del Antiguo Régimen, que pueden darse, de manera incluso simpática, entre algunos estudiosos ilustres pero quizá algo desorientados de los fenómenos de la libertad.

Se invoca a Murray Rothbard, profeta del anarco-capitalismo, como fuente de legitimación para la disolución del Estado, pasando por una fase de atomización en decenas de unidades. Así como el Marx creía que el Estado sería erradicado después de pasar por la Dictadura del Proletariado, los anarquistas liberales presumen que la fase de transición pueda ser una especie de "Dictadura de las Nacionalidades", a modo de viruela del crecimiento sobre el mapa-mundi. Bien. De sueños y utopías también se vive.

Pero el Estado-Nación no nació, diga lo que diga Rothbad, por medio de la fuerza. No fue un vector imperialista el que impuso la anexión. Al menos, no fue así en el caso del nacimiento de España como pionero Estado-Nación de Occidente. En el caso de España, fue, más bien, una comunidad histórica, jurídica, religiosa, cultural y lingüistica amenazada por el Islam lo que lleva a la unión, dinástica primero, territorial y jurídica después, de los reinos de la Península. Por decirlo de otro modo: antes que el Estado, fue la Nación. Ignorar u omitir esto es teorizar sobre el aire o, algo peor, sobre los mitos fabricados por esos grandes inventores de fábulas que son los nacionalistas y demás enemigos de la libertad.

No es el único detalle de la realidad que los liberales federalistas se permiten desdeñar. Su descripción de las ventajas futuras del federalismo a la española pasa por alto, a mi juicio de manera escandalosa, el recuento de las opresiones presentes de ese mismo modelo que, en la práctica, es que el que opera en España. Si con un Estado central mínimo y laxo, como el que prefigura la Constitución del 78, y Zapatero ha llevado hasta su máxima laxitud, las Administraciones periféricas, gobernadas por colectivistas de todos los partidos, someten al individuo a toda clase de controles. ¿Qué aberraciones liberticidas no perpetrarán si llegan a disponer del poder de un Estado soberano? Y es que el sentido fundamental de España como Estado-Nación, su sentido histórico más esencial y profundo es precisamente, hacer realidad en la historia moderna del Hombre el modelo de "Administración control" teorizado por Harlow y Rawling: una Administración cuya finalidad es defender a los individuos de la extralimitación y los abusos del poder. Es ese "modelo control", frente al "modelo instrumental" en el que descansa el Estado despótico al que aspiran los federalistas identitarios, el modelo liberal que defienden los clásicos desde John Locke.

El alegato liberal por un federalismo basado en las "nacionalidades", es decir, en las identidades nacionales incurre en la insoluble contradicción de legitimar el sistema nacionalista que, por otro lado, no tiene reparo en deslegitimar cuando habla del origen del Estado-Nación llamado España. Por un lado, afirman que los Estados legítimos son sólo aquellos que se crean por la voluntaria asociación de los individuos. Algo imposible de dar, a menos que esos individuos compartan, no sólo intereses por conservar la vida y la propiedad, sino una comunidad trascendente de valores donde esa asociación pueda ser respetada: un Derecho, una moral, una lengua... una Nación, en definitiva. Y llegados a este punto, apreciado e ilustre colega, ¿dónde ponemos el límite para la nueva roturación federalista que Usted nos propone? ¿Cuáles son las nuevas nacionalidades que han de fundamentar la creación de nuevos Estados? ¿Respetamos la división territorial de la Constitución? ¿Y por qué esa, y no otra aún más atomizada? ¿Por qué no creamos el Estado de Castilla y el Estado de León? ¿El de Badajoz y el de Cáceres?

El federalismo así incubado en el liberalismo de laboratorio pasa por alto que el sujeto de esa asociación voluntario por la que suspira no son "los territorios", sino los individuos de toda la nación Española. Y es curioso que, al saltarse este fundamento clave de la legitimidad, los teóricos del federalismo liberal abracen la misma trampa dialéctica de un Ibarretxe o un Carod Rovira, cuando hablan del "ámbito vasco de decisión", o del "ámbito catalán de decisión". Existe una Constitución, que, mientras no se cambien (y hay un procedimiento tasado para ello), es la expresión de la voluntad de los españoles de vivir juntos. ¿O es que proponen los federalistas especulativos arramblar con la Constitución? En ese caso, se habrían convertido en una Opinión anti-sistema más. Estaría bien que lo dijeran con claridad.

Por último, y no menos grave, es la clamorosa ausencia de algo que para Kelsen es fundamental en la configuración del Estado contemporáneo, a partir de las dos guerras mundiales del siglo XX. Me refiero a la Comunidad Internacional. Resulta que España forma parte de la Unión Europea, donde rige un modelo de armonización fiscal y de unidad monetaria y de mercado. Con más o menos fallos, pero la tendencia política es clara, y va en esa dirección. Los federalistas liberales imaginan una utopía de micro-Estados enzarzados en una sana competencia desreguladora y exoneradora de impuestos. Todo lo contrario de lo que indica la experiencia y el sentido común, pero, en fin, sea como dicen. ¿Qué ocurrirá, entonces, con Europa? ¿Qué papel desempeña la UE en esa utopía anarquista a la que, según nuestros liberales, se apuntarían encantados todos los nacionalistas que ahora utilizan el poco o mucho poder que tienen para oprimir a los individuos? ¿Creen, acaso, que Europa toleraría una carrera de paraísos fiscales entre los estados libres asociados de la España plural? Claro que, también, cabe la posibilidad de que en esa utopía anarquista sobre Europa, como sobra la Constitución.